Lo que empezó como una simple nota periodística terminó en un nuevo capítulo de la política calerense. El informe sobre la situación del Club Sportivo —basado en lo tratado en comisión y en la sesión del Concejo Deliberante— fue catalogado por el oficialismo como “información maliciosa con intencionalidad política”.

La reacción no quedó en declaraciones. Desde la Dirección de Deportes circuló un mensaje de WhatsApp enviado a las familias de los chicos y chicas que participan en las actividades del club. En el texto, además de cuestionar la nota, se invitaba a “comentar la publicación y decir la verdad, que no quede en silencio, el silencio otorga”. Como si a la gestión le molestara más el ruido que la discusión.

El mensaje también asegura que el artículo “pone en duda el bono contribución consensuado entre el municipio y todas las actividades deportivas”. La traducción es simple: se está cobrando a las familias un aporte extra para sostener el alquiler del club.

Primero, vale aclarar lo obvio: el artículo periodístico no inventó nada. Solo puso por escrito lo que se puede escuchar y ver en la grabación oficial de la sesión del 20 de agosto, disponible en el canal de cable local.

Segundo, la cuestión de fondo: el que debe dar explicaciones es el Ejecutivo municipal. Porque cualquier cobro a los vecinos —sea tasa, arancel o “bono contribución”— debe ser autorizado por el Concejo Deliberante, único órgano institucional con facultad para crearlos. Saltarse ese paso es, como mínimo, poco claro.

El mensaje viralizado justifica que el bono es “para aportar al pago del alquiler mensual del club”. Bien. Entonces la pregunta cae de maduro:

-¿Cuánto se recauda realmente con el bono?

-¿Alcanza para cubrir los cinco millones que cuesta el alquiler?

-Si no alcanza, ¿de dónde sale la diferencia?

Mientras tanto, en La Calera, el club funciona, los chicos juegan… y las familias pagan.